PP, PSOE y Ciudadanos aprueban modificar la Ley de Biodiversidad para hacer compatibles la lucha contra las especies invasoras con los aprovechamientos que se hacen de ellas.

El Pleno del Congreso acordó ayer admitir a trámite una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Biodiversidad, de 2007, con el fin de que pueda llevarse a cabo un aprovechamiento económico (comercialización, pesca o caza) de algunas especies invasoras. La iniciativa fue respaldada por todos los grupos, salvo Podemos, Compromís y Esquerra Republicana, quienes defendieron los mismos argumentos de un manifiesto registrado ayer en el Parlamento por parte de 600 investigadores en temas ambientales, 17 sociedades científicas y 100 organizaciones ecologistas: «Que se supeditan criterios políticos frente a la defensa de la biodiversidad».

Esta modificación atiende a que el catálogo de invasoras elaborado por el Ejecutivo popular en 2013 dejó fuera especies exóticas como la trucha arcoiris, el cangrejo americano, el lucio o la carpa, bien por su aprovechamiento comercial (como ocurre en los dos primeros casos) o por su uso en caza y pesca deportiva (en los dos segundos).

Los ecologistas llevaron esta exclusión a los tribunales, y, basándose en un informe encargado a los científicos, el Supremo falló en 2016 que un buen número de especies excluidas debían volver al catálogo y por tanto no se podrían comercializar o devolverlas a la naturaleza si se pescan. Aún reconociendo que las especies invasoras son un «problema ambiental y económico de primer orden», la diputada del PP María Teresa de Lara defendió la propuesta de su grupo alegando que supone establecer un «nuevo régimen que permite que la lucha contra las invasoras coexista de manera pacífica con las actividades de caza y pesca».

La propuesta del PP «tienen como objetivo dotar la ley —de Biodiversidad— de flexibilidad para hacer compatibles la lucha contra las especies invasoras con los aprovechamientos que se hacen de ellas», permitiendo las actividades económicas de los sectores cinegético y piscícolas en aquellos lugares donde esas especies ya estaban en 2007 (año en que se aprobó la ley). De Lara explicó que la reforma propone que una comisión estatal pueda, «en casos excepcionales que atiendan a cuestiones económicas o sociales».